“Buenas prácticas de facturación” para la distribución farmacéutica

Manuel Muradás
Presidente de Cofano

 

El sector farmacéutico en España se caracteriza principalmente por estar intervenido. Entre otros muchos factores, los precios y los márgenes de los medicamentos, que constituyen un 85% del mercado, están absolutamente regulados por el Estado.

Son públicamente conocidos, tanto el precio de venta de los medicamentos que los laboratorios deben incluir en sus tarifas (precio de venta laboratorio o PVL), como el precio de venta que las farmacias deben aplicar a los usuarios (PVP). También en el caso de muchos de los productos que no son medicamentos, como los productos sanitarios y algunos alimentos especiales, existe un PVP obligado para las farmacias.

Además, en su práctica totalidad, los laboratorios comercializadores de todo tipo de productos en el sector publican unas tarifas para los distribuidores y las farmacias que se aplican de una manera similar a las de los medicamentos, esto es, partiendo de un precio de venta único, el PVL, sobre el que se repercuten el resto de condiciones.

Los distribuidores farmacéuticos son, en su gran mayoría (85%), propiedad de los titulares de las oficinas de farmacia, que son también sus principales clientes.

Paradójicamente, resulta muy difícil para las farmacias conocer los márgenes repercutidos por los distribuidores por sus servicios, esto es, el diferencial entre el precio conocido de los medicamentos y los productos de parafarmacia (PVL) y el precio neto real que pagan en sus facturas.

Por este motivo, el proceso de compra, la elección del distribuidor y de cada una de sus propuestas comerciales, incluso cada oferta, se transforma en un ejercicio de confianza, cuando no de fe, puesto que hemos convertido un elemento objetivamente cuantificable, como la aplicación de precios y márgenes regulados, en un “intangible” emocional.

Algunos de los veteranos en el sector aún recordamos los tiempos en que cada mayorista tenía su propio protocolo de transmisión de pedidos, que la farmacia debía conocer e implementar en sus sistemas telemáticos, y cómo la creación del protocolo estándar FEDICOM, utilizado por todos los distribuidores, resolvió de golpe esta situación. Recientemente, la implantación de las BPD en los almacenes ha servido en cierta medida para estandarizar la prestación del servicio de los distribuidores. 

Algunas cooperativas pensamos que, de modo análogo, sería de gran utilidad para las farmacias el establecimiento de un modelo de facturación unificado para los distribuidores farmacéuticos que quieran adherirse, que permita comprobar (por ejemplo, con ayuda de los programas de gestión, o con certificaciones “BPF”) la aplicación de todos los criterios contemplados en sus condiciones comerciales y la comparación entre ellos.

Obviamente, no hablamos de unificar las condiciones comerciales ni de evitar la competencia, sino, muy al contrario, favorecerla facilitando la comparación entre ellas y su aplicación.

La actual situación de integración y concentración de las cooperativas en España puede facilitar en gran medida la consecución de un acuerdo en este sentido, lo que sin duda representaría una evidente ventaja para sus socios.

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